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Los Administradores de Fincas solicitan la incorporación al catálogo de profesiones colegiadas

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE-, ha presentado en el Consejo de Estado, y dentro del plazo de audiencia establecido, las alegaciones sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, solicitando que el ejercicio de la profesión de Administrador de Fincas quede incorporado al catálogo de profesiones colegiadas que contiene la disposición adicional primera. Las razones que justifican esta petición se fundamentan en que el ejercicio de la Administración de Fincas cumple con todas las condiciones que el Anteproyecto de Ley describe como necesarias para que una profesión sea considerada de Colegiación Obligatoria.

Los Administradores de Fincas Colegiados consideran que existen razones de interés general, como la protección del medioambiente y el entorno urbano, que no pueden quedar garantizadas sin la actuación profesional del Administrador de Fincas Colegiado, que es el profesional que gestiona el 80% del parque total de viviendas en España, garantizando el mantenimiento, buen uso y conservación del principal bien material del que disponen los ciudadanos y las familias: vivienda y su patrimonio inmobiliario. Obviamente, la seguridad del inmueble no está solo en su proyección y construcción, sino a lo largo de toda la vida del edificio y muy especialmente en su conservación y mantenimiento, uno de los objetivos fundamentales de la actividad de los Administradores de Fincas Colegiados, y que justificarían, por si solas, la colegiación obligatoria de esta actividad profesional.

REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS

La seguridad física de las personas está directamente vinculada con la de los inmuebles en los que residen. Para Salvador Díez, presidente del CGCAFE, “al igual que se reconoce acertadamente la colegiación obligatoria de los Arquitectos que proyectan construcciones de edificios, la seguridad no está solo condicionada a la fase de construcción, sino también a la de la posterior obligación de conservación de los inmuebles, y particularmente de las viviendas. El cumplimiento de estas condiciones para los inmuebles son objetivo básico de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, cuyo desarrollo corresponde a los Administradores de Fincas Colegiados y que será una herramienta básica para lograr el necesario estímulo del sector de la construcción. No en vano los Administradores de Fincas Colegiados generan 86.000 empleos directos en la actualidad y administran un presupuesto anual de 36.000 millones de euros”.

Los Colegios de Administradores de Fincas y su Consejo General están, también, preparados para actuar ante casos de emergencia, ejerciendo una importante labor social apoyando a las Administraciones Públicas y a los ciudadanos. Así se ha demostrado en la reconstrucción del Barrio del Carmelo en Barcelona o la impagable labor de los Administradores de Fincas Colegiados tras el terremoto de Lorca. Estas actuaciones fueron llevadas a cabo desinteresadamente, sufragadas por los propios Administradores de Fincas Colegiados y que resolvieron ingentes e importantes problemas con la máxima eficacia. Sin la existencia de una profesión colegiada, no se hubieran podido acometer las medidas necesarias con las que paliar el drama humano y social de los ciudadanos afectados.
FUNCIONES PROFESIONALES QUE EXIGUEN COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

Los Administradores de Fincas Colegiados tienen atribuidos un conjunto de funciones que les otorgan un papel vertebral en la ordenación de la política de vivienda en España y en el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda por los ciudadanos en condiciones de seguridad, que hacen necesaria la Colegiación Obligatoria. Y son:

• La garantía de la seguridad jurídica en la organización de las comunidades de propietarios, en las que habita el 80% de los ciudadanos españoles.

• La gestión económica integral de los recursos presupuestarios, entre los que se incluyen las dotaciones legalmente previstas para la conservación y mantenimiento de las edificaciones, o cualquier otro instrumento para el fomento de esta política pública que pudiera establecerse en el futuro.

• La conservación y mantenimiento del patrimonio inmobiliario español y de la vivienda de los ciudadanos.

• La garantía del desarrollo y adecuada aplicación de las políticas de vivienda y de las políticas sociales definidas por la normativa vigente y por la acción de las Administraciones Públicas.
En un momento en el que la Comisión Europea ha propuesto la puesta en marcha, durante el primer semestre de 2014, de un estudio económico que finalizaría en abril de 2015, dentro del cual los Estados miembros deben proponer las distintas medidas dirigidas a revisar las restricciones a la entrada de determinadas actividades profesionales, el Gobierno español quiere adelantarse a todo ello regulando una materia de una gran trascendencia social y económica para los ciudadanos, careciendo de datos económicos reales y sin el estudio de impacto económico correspondiente. Los Administradores de Fincas Colegiados, en palabras de Salvador Díez, presidente del CGCAFE, consideran que “no hay ninguna razón, ni social, ni económica, para acometer la promulgación de una futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales, en un momento en que los Estados miembros inician un trabajo coordinado desde el Consejo y el Parlamento Europeo a fin de obtener datos comparativos y rigurosos que permitan decidir el alcance y tipo de regulación más conveniente a cada Estado miembro. Si al final se sigue adelante con lo estipulado en el Anteproyecto, el perjuicio será considerable para los ciudadanos”.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE-es una corporación de Derecho Público integrado por 38 Colegios Territoriales distribuidos por todo el territorio nacional, y que tiene como objetivo fundamental la defensa de los derechos de consumidores y usuarios en materia de vivienda, un derecho constitucionalmente reconocido.

Fuente: inmodiario.com